Los devastadores terremotos que han azotado a Venezuela evidencan una preocupante falta de racionalidad técnica en las instituciones del Estado para responder a la emergencia. Ante una catástrofe de esta magnitud, la respuesta normativa no puede limitarse a la burocracia ordinaria. La gravedad de la situación exige la suma de voluntades de toda la sociedad civil para articular la ayuda humanitaria y la reconstrucción nacional.
El Bloque Constitucional de Venezuela advierte que la ciudadanía y el aparato productivo de las zonas afectadas se encuentran en una imposibilidad material absoluta de cumplir con sus obligaciones regulares. Quienes lo han perdido todo no pueden hacer frente a la declaración y pago de tributos, al seguimiento de fiscalizaciones o a la rigidez de los plazos administrativos mientras persista la crisis. Exigir normalidad fiscal en medio de la ruina es sencillamente inviable.
Esta vulnerabilidad se traslada con igual fuerza a los sectores de la salud y la justicia. Los ciudadanos lesionados enfrentan graves dificultades para cubrir los costos médicos de emergencia, mientras que el colapso judicial amenaza el derecho a la tutela judicial efectiva. Con abogados, demandantes y defensores afectados directamente por los sismos, la administración de justicia debe decretar con urgencia la suspensión de lapsos y obligar a la notificación formal de las partes antes de reanudar cualquier proceso.
Por estas razones, exhortamos formalmente al Estado a implementar medidas excepcionales: planes de remisión y prórrogas tributarias con exoneración de aranceles para la ayuda humanitaria, asistencia financiera temporal para emergencias médicas y una flexibilización procesal inmediata en las regiones afectadas. Las instituciones deben ser un alivio, no una carga adicional para quienes hoy intentan ponerse de pie.
A continuación, puede leer y descargar el pronunciamiento íntegro emitido por el Bloque Constitucional de Venezuela: