"La Constitución de la República es la norma fundamental y no hay nada por encima de ella, poder, cultura, persona o grupo".
La justicia restaurativa será un instrumento eficaz para resarcir los daños causados en materia de derechos humanos, promoverá nuevas inversiones empresariales y generará confianza en el sistema democrático de gobierno.
Las universidades venezolanas deben ser, como instituciones sociales, las principales abanderadas en la promoción, enseñanza y defensa de la plena vigencia de los derechos humanos, en medio de su autonomía académico y operativa.
La justicia igualitaria y a tiempo, sin las dilaciones que ahora conocemos, es indispensable para alcanzar la integración social y evitar la violencia.
La materia de los derechos humanos no está reservada a expertos o juristas y, por tanto, debe ser enseñada en todos los niveles y modalidades del sistema educativo.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un programa socio politico de largo alcance histórico, de transformación cultural y material, desechado tanto por gobernantes como por los llamados opositores.
El Bloque Constitucional de Venezuela celebró cuatro encuentros comunitarios en el área metropolitana del Estado Anzoátegui, bajo la dirección de su coordinadora académica Cecilia Sosa Gómez.
"El desarrollo y crecimiento de la cultura constitucional en la sociedad venezolana es un reto de grandes proporciones que corresponde a todas las instituciones, tanto públicas como privadas".
El ejercicio de la ciudadanía por parte de los habitantes de un país es un gran poder social en una democracia real, porque implica un nivel elevado de cultura política.
"Los ciudadanos constituyen el verdadero poder soberano en una democracia real y no mediatizada o Interferida por intereses económicos e ideológicos".